Uno de los trabajadores del Ingenio Magdalena, a quien llamaremos Rafael, por cuestiones de seguridad, relató “en tiempos de pandemia llegó un grupo fuertemente armado con fusiles de asalto, que solo las usa el Ejército y fuerzas de seguridad, entraron a la finca, agarraron a los de seguridad que estaban allí, los mantuvieron detenidos y les quitaron sus armas”. Según los colaboradores, a los minutos llegaron unas personas aduciendo que las fincas eran de su propiedad, para solventar la situación, llamaron a la Policía Nacional Civil “quienes no quisieron hacer nada, a pesar de que era algo ilegal, pero, explicaron que no podían ingresar sin orden de un juzgado”.
En uno de los allanamientos, Rafael comparte que hubo personas heridas, amenazadas, se destruyeron vehículos y una persona que llevaba alimentos, tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.
La zozobra persiste, ya que ha habido nuevos intentos de usurpación de tierras. “Hay mucha incertidumbre y miedo por parte de los trabajadores porque esas personas llegan con grupos armados, policías e intimidan al personal. Incluso, cierran rutas públicas y ponen puestos de registro ilegales para controlar el flujo de personas, si alguien era del Ingenio Magdalena, lo cuestionaban, más si era alguien de seguridad”, afirmó Rafael.
Otras posturas
Karla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, informó que da acompañamiento al Ingenio Magdalena. Reconoció que la situación es complicada porque “en algunos sectores del interior del país hay ausencia del Estado de Derecho”. Por lo que hizo un llamado a las diferentes instancias del sistema justicia a ser imparciales, objetivos y garantizar que los derechos de las víctimas sean restituidos.
Luis Miguel Paiz, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala, dijo que ven con preocupación este caso, ya que la falta de certeza jurídica afecta no solo a la empresa, sino, al Estado. Aseguró que, al no respetar el derecho de la propiedad privada, se dejan de percibir impuestos y el país pierde atractivo para potenciales inversores extranjeros.
Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, compartió que los casos de usurpación son comunes, en lo que va del año, se han recibido más de mil 400 denuncias. Así mismo, indicó que un proceso penal debe durar no más de 341 días y el caso del Ingenio Magdalena lleva más de tres años sin resolución.
Investigación en curso
Según las denuncias presentadas al Ministerio Público (MP), los agraviados fueron víctimas de usurpación desde el 18 de septiembre de 2020. El MP tuvo conocimiento de un grupo de 30 personas llegaron con armas de fuego a la finca La Felicidad. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que las personas que estaban durante el desalojo, posiblemente arrendaron el espacio al Rancho Agropecuario Santa Bárbara, por ello, no se sabía en un inicio quiénes eran los usurpadores.
El Rancho Agropecuario Santa Bárbara, emitió un comunicado donde aseguraban que no estaban usurpando, si no, recuperando su terreno.
Hasta que no se haga justicia, el abogado Kevin Moldauer aseguró que “nadie va a querer invertir y hacer un capital fuerte para atraer inversión o generar inversión en el país, por la situación de inseguridad jurídica al que se expondría por no saber si va a poder contar con su propiedad privada”.
Acciones de la Policía Nacional Civil
El equipo periodístico de Newsweek Guatemala consultó al área de comunicación del Ministerio de Gobernación sobre las acciones realizadas para la recuperación de tierras. Únicamente indicaron que su deber es brindar acompañamiento a las diligencias lideradas por el Ministerio Público.
