El pasado 23 de septiembre, trascendió la denuncia presentada por autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al Ministerio Público por compras realizadas a la unidad ejecutora 227 del Hospital General San Juan de Dios. Según el hallazgo de la CGC, el monto implicado asciende a Q.1,395,500.00 y están con cargo al renglón presupuestario 171, destinado al mantenimiento y reparación de edificios.
El Contralor General de Cuentas, Dr. Frank Helmuth Bode Fuentes y el Dr. Luis Chavez Director del hospital.
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— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) October 1, 2024
Vinculación con el caso B410
En el análisis del proceso, se verificó que, mediante una compra directa con oferta electrónica, se realizaron contrataciones a la empresa GRUPO PROPELA S.A., sin que exista evidencia sobre la realización de los trabajos contratados. Entre las anomalías se destaca:
- La emisión de 16 solicitudes de pedido, todas con fecha 31 de agosto de 2022
- Las solicitudes se publicaron entre las 6:16 y 6:53 horas del mismo día
- Las contrataciones carecen de aspectos técnicos, planos y/ o documentos que evidencien la necesidad de realizar la contratación
- En las bases y especificaciones técnicas no se puntualizan áreas, características técnicas, planos o solicitudes para que el proveedor realizara visitas a las áreas y pudiera cotizar.
Expedientes en proceso de notificación con acciones legales
Por otras contrataciones realizadas al GRUPO PROPELA S.A., la Contraloría General de Cuentas se encuentra en proceso de notificación de hallazgos a la misma unidad ejecutora. Una de ellas tiene relación con la desinstalación de Balizas o sistemas de identificación para la navegación aérea que no existe evidencia de la prestación del servicio por un monto de Q.267, 450.00. La otra tiene que ver con pago de mantenimientos y reparaciones por un monto de Q. 7, 528,800.00 que financió la embajada de Taiwán, y que a su vez la misma unidad ejecutora destino fondos de su presupuesto para el mismo proyecto.
El ente contralor asegura que, además de estos casos, están en proceso otras auditorías a la empresa implicada y otras que están vinculadas al caso B410. En este último caso, se estima que hay 35 empresas proveedores del Estado, algunas de ellas ya denunciadas por la CGC en 2023. Otras empresas ya se encuentran en proceso de auditorías y notificaciones de acciones legales.
