La Comisión Pesquisidora conoció en una décima y última reunión el expediente 246-2024, promovidos en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recomendó por unanimidad no retirarles la inmunidad, al considerar que la denuncia es de carácter espuria, política e ilegítima. El informe circunstanciado será remitido al Pleno del Congreso de la República.
El proceso de antejuicio en contra de Irma Elizabeth Palencia, Ranulfo Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro, Gabriel Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco, en su calidad de magistrados titulares del ente electoral fue promovido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), dirigida por Rafael Curruchiche y por el ciudadano Víctor Guerra, secretario general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El diputado Luis Cáceres, quien preside la Comisión Pesquisidora, señaló que en el proceso de análisis aplicaron el principio de objetividad para llegar a la conclusión y señaló que esta se basó en los cuatro hechos expuestos en la denuncia relacionada a la supuesta duplicidad de actas, escrutinio precipitado y humanamente imposible de suceder, utilización del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y desobediencia de los integrantes del TSE.
“Nos correspondió como Comisión dictaminar si este antejuicio ha sido promovido por razones espurias, políticas e ilegítimas, plasmado en el informe circunstanciado que remitimos al Pleno del Congreso; nuestra recomendación va entorno al principio de objetividad para llegar a la conclusión”, expresó el diputado Cáceres.
Luego de diez sesiones de trabajo, la Comisión Pesquisidora, presidida por el diputado Luis Cáceres @luicacerg, que analizó las diligencias de antejuicio promovidas en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral @TSEGuatemala, por unanimidad declararon no… pic.twitter.com/QuhlUUypsr
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) July 10, 2024
Aunque la recomendación de la pesquisidora es no retirar la inmunidad, la opinión no es vinculante en el Pleno del Congreso de la República, y los diputados deberán votar si aceptan dicho informe o deciden levantar el antejuicio a los magistrados, por lo que ahora queda en manos de los legisladores decidir si los magistrados del ente electoral pierden o no la inmunidad.
