La Fiscalía de Guatemala acusó al presidente Bernardo Arévalo de “entregar” ilegalmente el control de puertos del país a empresas chinas, afirmación que el gobierno tildó de espuria.
El mandatario socialdemócrata mantiene desde antes de asumir el poder en enero de 2024 un conflicto con la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, a quien Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por “corrupta” y “antidemocrática”.
La Fiscalía hizo tres allanamientos en “seguimiento a una denuncia de corrupción, donde se señala directamente al presidente” y a su hermano Martín Arévalo de “entregar a empresas chinas el control de los puertos”, dijo el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.
El hermano del mandatario es un bioquímico experto en políticas públicas que trabaja para la ONU en Costa Rica.
Los allanamientos se realizaron este jueves en el municipio sureño de San José, donde se encuentra Puerto Quetzal, único terminal marítimo operativo en el Pacífico guatemalteco, agregó Curruchiche en un video publicado en redes sociales.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia rechazó las acusaciones de Curruchiche al indicar que son “señalamientos espurios, que rayan en lo absurdo y ridículo”.
Asimismo, dijo que esta acusación fue lanzada a “semanas de que el gobierno de Guatemala firme con la marina del gobierno de los Estados Unidos una carta de entendimiento para mejorar y ampliar” la Empresa Puerto Quetzal (EPQ).
La EPQ es una entidad estatal autónoma que opera ese puerto del país.
Guatemala tiene lazos comerciales con China, pero carece de relaciones diplomáticas con el gigante asiático pues reconoce a Taiwán, considerada por Pekín como una provincia rebelde.
La fiscalía anuncia con frecuencia investigaciones contra Arévalo, que no prosperan porque el mandatario posee inmunidad.
Porras puso en vilo la transición presidencial de 2024 con la apertura de investigaciones contra Arévalo y el resultado de las elecciones que él ganó en 2023, lo que el mandatario denunció como un intento de “golpe de Estado”.
El presidente busca que la fiscal general deje el cargo, para el que tiene mandato hasta mayo de 2026, pero carece de facultades para destituirla.
