Un tribunal salvadoreño ordenó este jueves que pasen a manos del Estado propiedades incautadas al exministro de Defensa, David Munguía, en prisión por una tregua con pandillas, por haber sido obtenidas en forma ilícita con fondos públicos.
“La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado que seis inmuebles (residencias) y 169.000 dólares vinculados a David Munguía y su grupo familiar pasen a manos del Estado”, indicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
La decisión fue tomada por un Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de la capital.
Seis residencias, valoradas en 4,3 millones de dólares y cuya titularidad fue “extinguida” al exministro, se ubican en distintas zonas en los departamentos de San Salvador y La Libertad.
Munguía se hizo de los bienes “usando fondos del Estado” en el período 2009-2019, cuando se desempeño como titular de los ministerios de la Defensa y luego de Justicia y Seguridad Pública, indicó la fiscalía.
#ExtinciónDeDominio I La @FGR_SV ha logrado que 6 inmuebles y $169 mil dólares vinculados a David Munguía Payés y su grupo familiar pasen a manos del Estado, tras demostrarse que fueron obtenidos ilegalmente con fondos públicos.
Con contundentes pruebas periciales, documentales… pic.twitter.com/CPZj1mZHAy
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 13, 2024
En mayo de 2023, Munguía fue condenado a 18 años de prisión por haber facilitado una tregua con pandillas durante su gestión como ministro.
En esa misma oportunidad fue condenado en ausencia a 14 años de prisión el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), también por haber facilitado la tregua con pandillas durante su mandato.
En ese entonces, la fiscalía señaló que Funes como Munguía “permitieron” que las pandillas se fortalecieran económicamente y en el territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre 2011 y 2013, para beneficiar a su gobierno.
La tregua pandillera tuvo lugar durante varios meses en 2012.
Funes quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña por supuestos actos de corrupción, se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
Un tribunal de la capital está pendiente de emitir una sentencia en un caso en donde el expresidente Funes es acusado por la fiscalía del delito de casos especiales de lavado de dinero.
Según la fiscalía, el exmandatario habría recibido una avioneta como “dádiva” por otorgar un contrato de construcción de un puente a una empresa guatemalteca entre 2012 y 2014.
En el caso, la fiscalía ha pedido al tribunal imponga una condena de doce años de prisión a Funes.
