La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe es una prioridad, entre otras cosas porque frena el crecimiento económico, advirtió este lunes el Banco Mundial.
La organización lo considera “uno de los problemas más urgentes de la región”, cuya economía debe crecer 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial.
Durante mucho tiempo América Latina y el Caribe “ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad”, pobreza y altos niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en este pobre equilibrio” hasta que frene el crimen organizado y la violencia que trae consigo, se lee en un informe.
Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo”, destaca.
Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9% del total mundial “registra un tercio del total de los homicidios” y la brecha se ha ampliado pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1) en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0)” en la segunda, señala.
Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 varían desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.
Durante los últimos años la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela y se ha agravado en otros como Ecuador y Haití, añade.
A medio y largo plazo el informe recomienda mejorar los sistemas educativos y mercados laborales pero a corto plazo aboga por “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia”. También la prevención dirigida a “jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales”.
No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, afirma el BM, pero algunos factores contribuyen.
La organización cita la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reorganización de los grupos debido a las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y la alta tecnología.
La pandemia del covid-19 también ha influido. En Colombia y México “permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.
“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, añade.
En sus últimas cifras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4% del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.
