La Unión Europea (UE) alzó la voz este viernes 25 de abril ante la reciente detención del viceministro guatemalteco de Desarrollo Sostenible, Luis Haroldo Pacheco, y de Héctor Chaclán, ambos exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, una emblemática organización indígena de Guatemala. A través de un comunicado oficial, la UE expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una señal de deterioro del Estado de derecho en el país centroamericano.
La UE está profundamente preocupada por la detención de ex directivos de la autoridad indígena «48 Cantones de Totonicapán», incluido el Viceministro Luis Pacheco
🇪🇺 pendientes de acontecimientos que amenacen los principios democráticos y #EstadoDeDerechohttps://t.co/wwkDGpnaXz pic.twitter.com/klLmz1NftP
— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) April 25, 2025
Pacheco fue capturado el pasado 23 de abril por el Ministerio Público de Guatemala, que lo señala de delitos graves como terrorismo, sedición, asociación ilícita y obstaculización de la justicia. Según el fiscal contra el crimen organizado, Klayber Bladimiro, los cargos se relacionan con su presunta participación en bloqueos y protestas ciudadanas durante los últimos meses de 2023, en defensa de los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo.
La Unión Europea recordó que ya había advertido previamente sobre el uso indebido del sistema judicial guatemalteco para perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios electos y líderes indígenas. En este contexto, la portavoz de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó la necesidad de respetar el debido proceso, así como de garantizar la seguridad e integridad de las personas detenidas.
“Instamos al Ministerio Público y al poder judicial guatemalteco a defender el Estado de derecho y a respetar el derecho de reunión pacífica”, añadió el comunicado.
Además, la UE reveló que ya ha impuesto sanciones individuales contra cinco personas a las que considera responsables de socavar la democracia y obstaculizar el traspaso pacífico del poder en Guatemala. Advirtió también que continuará monitoreando de cerca cualquier acción que atente contra los principios democráticos.
Mientras tanto, el Ministerio Público confirmó que tres personas más están siendo buscadas por las autoridades bajo los mismos cargos. El caso ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones sociales, pueblos originarios y defensores de derechos humanos que denuncian una escalada de criminalización contra la protesta social y el liderazgo indígena.
Este nuevo episodio agudiza la tensión entre el Gobierno guatemalteco y la comunidad internacional, en un momento clave para la consolidación del proceso democrático y el respeto a las libertades fundamentales en el país.
