Una ONG anunció este martes que promueve la extradición a Bélgica de un exministro y cuatro militares guatemaltecos condenados en 2023 a cadena perpetua por un tribunal belga por el asesinato, desaparición y tortura de cuatro misioneros belgas en la década de 1980.
“La idea es que esa sentencia de la justicia belga […] tenga un seguimiento de la justicia guatemalteca para que ellos sean extraditados a Bélgica”, dijo Stephan Parmentier, de la organización Guatebelga, en rueda de prensa.
Los crímenes ocurrieron en los años 80 durante la guerra civil de Guatemala y la sentencia contra los cinco guatemaltecos fue dictada en su ausencia el 14 de diciembre de 2023 por un tribunal de la ciudad belga de Lovaina.
Una misión de la ONG visitó Guatemala para divulgar la sentencia y rendir homenajes a las víctimas, entre ellos los misioneros Walter Vordeckeres y Ward Capiu, asesinados en 1980 y 1981, respectivamente.
También Serge Berte, secuestrado y desaparecido en 1982, y por la tortura ese mismo año contra Paul Schildermans. Todos eran misioneros católicos de la Congregación Inmaculado Corazón de María y eran señalados por las fuerzas de seguridad de apoyar a las guerrillas marxistas.
“Otro objetivo es naturalmente explorar cómo se puede cumplir la sentencia en Guatemala”, agregó Parmentier, miembro del grupo que el jueves se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.
Uno de los implicados es el exministro de Defensa y militar en retiro Ángel Aníbal Guevara, involucrado en otros crímenes y prófugo de la justicia. Otro es Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército y quien desde abril es juzgado en Guatemala por el genocidio de indígenas.
También el exjefe de inteligencia militar Manuel Callejas, que iba a ser juzgado por genocidio, pero se le eximió por su deteriorado estado de salud; el exministro del Interior Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo desde 1983, y Pedro García Arredondo, exjefe policial preso desde 2015 por su participación en el asalto e incendio de la embajada de España en 1980 que dejó 37 muertos.
El coordinador de Guatebelga, Ralph Allert, dijo que al “dar a conocer ampliamente la sentencia” se “busca fortalecer la lucha que personas y organizaciones realizan por los derechos humanos y en contra de la impunidad”.
La guerra interna guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad.