Un panel de expertos internacionales pidió este lunes al Congreso de Guatemala que garantice la transparencia en la elección de magistrados del poder judicial, que ahora está “secuestrado por las mafias”, según el presidente Bernardo Arévalo.
El Parlamento debe elegir en estos días a los 13 magistrados de la Corte Suprema y a los jueces de medio centenar de salas de apelaciones para el periodo 2024-2029, quienes deben asumir antes del 13 de octubre.
“El proceso [de elección] debe ser transparente, objetivo y deberá asegurar la igualdad de condiciones para las y los aspirantes”, indicó la abogada mexicana Ana Delgadillo, parte de un panel de expertos que monitorea el proceso, en rueda de prensa.
El panel es una iniciativa de varias oenegés, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Delgadillo también pidió a los congresistas garantizar la “auditoría social” en la elección. “Hacemos un llamado al Congreso para recibir todas las observaciones” hacia los candidatos, agregó.
#ComisionDePostulacion CSJ @OJGuatemala #VIDEO 1.5x
Le dejo el vídeo de los 2 primeros eventos individuales de “votación” de 7,400 de la “primera ronda”. Aquí se evidencia que todo inició MAL, INCUMPLIENDO la ley y la propia reglamentación interna de la comisión. #URGENTE https://t.co/sAErQXR69m pic.twitter.com/2SI003EeEy
— Diego Sagastume Vidaurre (@dsagastumev) September 30, 2024
Los diputados deben escoger a los magistrados de una nómina entregada la semana pasada por una comisión de académicos, jueces y abogados.
Por su lado, el exjuez salvadoreño Sidney Blanco, también miembro del panel, exhortó a los legisladores a “depurar” el listado y excluir a postulantes cuestionados.
“El Congreso debe de abstenerse de elegir a aquellos funcionarios que han sido utilizados para criminalizar a personas, a jueces, fiscales, periodistas, ambientalistas, pueblos indígenas: ese es el peor perfil por el que podría decantarse el Congreso”, afirmó Blanco.
En la lista de candidatos a la Corte Suprema figura el fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”.
Sin embargo, la comisión de selección excluyó al marido de Porras, el fiscal Gilberto Porres, y al polémico fiscal Rafael Curruchiche, quienes postulaban a salas de apelaciones.
El presidente Arévalo reiteró este lunes su llamado al Congreso para que se elija a jueces “comprometidos con la justicia y no con intereses corruptos”.
“Le toca ahora […] al Congreso de la República seleccionar a profesionales del derecho competentes y que no estén asociados a redes de corrupción e impunidad”, señaló el mandatario socialdemócrata en una rueda de prensa.
