Este miércoles 23 de octubre los últimos cinco abogados presentaran sus argumentos ante el juez Manolo López, titular del Juzgado de Mayor de Riesgo B. Los profesionales de la ley pedirán que sus patrocinados no queden ligados a proceso penal, como lo pidió el Ministerio Público (MP).
Según la fiscalía a cargo del proceso, los 25 sindicados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), obtuvieron beneficios económicos por colaborar con organizaciones criminales dedicadas al coyotaje, vinculándolos a este delito.
La pesquisa agregó que los sospechosos permitieron que migrantes pasaran ilegalmente por Guatemala para llegar a Estados Unidos a cambio de la remuneración económica.
Los abogados indicaron que el ente investigador no presentó ante el juez del caso, los elementos racionales suficientes para resolver que sus patrocinados queden ligados a proceso por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, entre otros.
Se tiene previsto que el próximo viernes 25 de octubre el juez López resuelva la situación legal de los 25 detenidos, en los que se podría conocer si los agentes pueden recuperar su libertad.
Red bien estructurada
Investigaciones realizadas por el Ministerio Público determinaron que algunos hoteles y casas particulares en el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, eran utilizados por esta estructura de tráfico de personas.
Desde Chiquimula, la estructura trasladaba a los migrantes de distintas nacionalidades hacia la ciudad capital. Usaban vehículos particulares para luego coordinar el traslado hacia San Marcos por medio de autobuses comerciales.
También se determinó que bodegas en Retalhuleu eran utilizadas para retener a los migrantes mientras continuaban los traslados. Los migrantes pagaban alrededor de 350 dólares por el paso de frontera a frontera en Guatemala.
