La oposición vuelve a la calle este jueves para marchar contra la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una jornada de mucha tensión que parte con la promesa de María Corina Machado de salir de la clandestinidad y encabezar un “día histórico”.
El chavismo convocó igualmente a una manifestación paralela para apoyar a Maduro, que el 10 de enero asumirá su cuestionado tercer período consecutivo de seis años, en medio de una nueva ola de detenciones de opositores y dirigentes de la sociedad civil.
Machado acusa a Maduro de “robar” las elecciones del 28 de julio y reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia, ya en República Dominicana para la última escala de una gira con destino incierto: quiere volar a su país para asumir el poder pero el plan luce improbable.
“Yo no puedo garantizar el día o la hora, puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero va a pasar”, dijo Machado en una rueda de prensa el martes. “Esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre”.
La protesta opositora desafía el miedo instaurado en julio, después de una brutal represión a las manifestaciones que estallaron tras la proclamación del gobernante izquierdista, con saldo de 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Hay cuatro puntos de concentración opositora en la capital, y el chavismo ya instaló tarimas en al menos dos de ellos para su manifestación.
Por seguridad, Machado no reveló desde donde partirá. “Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico”, dijo la dirigente el lunes en una entrevista con la AFP.
Funcionario del FBI preso
Maduro, en el poder desde 2013, anunció un “plan de defensa” con el despliegue masivo de militares y policías. El centro de Caracas, donde se encuentra el palacio presidencial y la mayoría de las sedes de los poderes públicos, está tomado desde la semana pasada por centenares de agentes de seguridad fuertemente armados.
El gobierno, que suele denunciar planes para derrocar a Maduro desde Estados Unidos y Colombia, anunció la captura de siete “mercenarios”, entre ellos dos estadounidenses: “un alto funcionario del FBI” y “un alto funcionario militar”.
“Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz”, zanjó el gobernante en un acto oficial.
Desde el martes de noche se registró una ola de denuncias de detenciones, con al menos una decena de arrestos.
Figuran entre los capturados Carlos Correa, reconocido activista dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario en los comicios presidenciales que impugnó sin éxito ante la corte suprema la convalidación que hizo de la reelección de Maduro.
Antes fue el yerno de González Urrutia, Rafael Tudares, quien estaba con sus hijos cuando fue arrestado por funcionarios encapuchados.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó a Márquez y a Tudares con el supuesto agente del FBI y con un plan de golpe de Estado.
“Rafael no está vinculado directa o indirectamente con hechos políticos”, dijo su esposa, Mariana González, hija de González Urrutia, en un comunicado este jueves. “Es una medida de retaliación política contra mi padre”.
El papa Francisco se refirió a la “grave crisis política” en Venezuela y abogó por “negociaciones de buena fe”.
“Banda tricolor”
El acto de investidura presidencial está previsto para el viernes 10 de enero al mediodía (16h00 GMT) en el Parlamento, que el chavismo controla.
González Urrutia, que se asiló en España el 8 de septiembre tras una orden de captura en su contra, ha dicho que quiere volver a Venezuela para asumir el poder.
Cumple una gira que lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden y representantes de su futuro sucesor, Donald Trump.
Luego fue a Panamá, país al que entregó en custodia las actas emitidas por las máquinas de votación que colectaron para probar la victoria opositora, y que el chavismo considera forjadas.
“Son esas actas mi verdadera banda tricolor presidencial”, dijo el opositor en Ciudad de Panamá.
La última escala es República Dominicana, donde se reunirá con el presidente Luis Abinader, antes de evaluar la posibilidad de un vuelo de una hora a Caracas.
Las autoridades venezolanas -que ofrecen 100.000 dólares por su captura- ya advirtieron que si llega al país “será detenido inmediatamente” y sus acompañantes internacionales tratados como “invasores”.
