Con migrantes encerrados en un hotel desde cuyas ventanas piden “ayuda” o en refugios en precarias zonas fronterizas, Centroamérica, de donde miles huyen cada año de la pobreza y la violencia rumbo a Estados Unidos, sirve ahora de “puente” para las deportaciones de Donald Trump.
El proceso se realiza, según los gobiernos centroamericanos, bajo acuerdos bilaterales con Washington. Para el politólogo panameño Rodrigo Noriega, de la Universidad de Panamá y con un doctorado en Yale, es una “catástrofe jurídica” y “viola” tratados internacionales de derechos humanos.
¿Quiénes son los deportados?
Sin previo anuncio, 299 migrantes de Irán, China, Afganistán, Pakistán, India, Uzbekistán, Turquía, Nepal, Sri Lanka y Vietnam llegaron a Ciudad de Panamá en tres vuelos entre el miércoles y sábado pasados.
Sin poder salir, aunque el gobierno niega que estuvieran detenidos, fueron instalados primero en el hotel Decápolis, en la capital, bajo custodia policial. “Por favor, ayúdennos”, decía un letrero que colgaron en una ventana.
“Son tres vuelos y no va haber más. Es falso que eso viole leyes”, afirmó este jueves el presidente José Raúl Mulino.
Otros 135 migrantes, entre ellos 65 niños, de 13 países, la mayoría de Asia, llegaron este jueves a Costa Rica. Otros 65 llegarán próximamente.
Guatemala también aceptó recibir deportados no nacionales, pero aún no recibe vuelos.
“No hay ninguna valoración sobre el serio riesgo que tienen en sus países (como Irán o Afganistán) o por qué tuvieron que emigrar”, lamentó la consultora en derechos humanos salvadoreña Celia Medrano, excónsul en Washington.
¿A dónde son llevados?
De las 299 personas que llegaron a Panamá, un centenar fue trasladado en autobuses a la estación migratoria de San Vicente, en Metetí, 230 km al este de la capital, en la provincia del Darién.
Hasta ahora, ese albergue era utilizado por los miles de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, que entraron en los últimos años a Panamá por la peligrosa selva del Darién, rumbo a Estados Unidos.
Esa zona húmeda y calurosa, a unas cinco horas de la capital por vía terrestre, tiene problemas de servicios básicos como agua y atención médica.
En Costa Rica, los deportados fueron llevados en buses del aeropuerto internacional a un centro ubicado unos 360 km al sur de la capital, en un área remota cerca de la frontera con Panamá, a casi seis horas por carretera.
Del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), una antigua fábrica ahora cercada con mallas y donde también se albergan migrantes sudamericanos que retornan a pie, “no van a poder salir”, dijo el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.
¿Por qué a un tercer país?
Carlos Sandoval, investigador social costarricense experto en migración, explicó a la AFP que se trata de un sistema de “externalización de fronteras” por el que Estados Unidos traslada a un tercer país el lento proceso de repatriación.
Esos migrantes son ciudadanos de países que no aceptan vuelos de repatriación o con los que Washington tiene relaciones tensas. Además, se debe verificar identidades y antecedentes penales, organizar rutas y vuelos, y buscar un destino distinto para quienes no acepten volver a su nación.
Estados Unidos “busca disuadirlos para que no vuelvan y dar tiempo a las gestiones por la enorme dificultad logística que tiene la deportación”, agregó Sandoval.
Según Chaves, permanecerán en Costa Rica “el tiempo estrictamente necesario” para la repatriación, de cuatro a seis semanas.
“La figura de tercer país seguro se convirtió en una tercerización de servicios administrativos. Estados Unidos debería administrar la deportación, pero buscó que países de Centroamérica lo hagan”, añadió Medrano.
Panamá y Costa Rica sostienen que Washington asume el costo total y que participa en el proceso la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
¿Por qué Centroamérica?
Tras la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, Panamá aceptó servir de “puente” en medio de las amenazas de Trump de “recuperar” el canal interoceánico que dice está controlado por China.
“Estados Unidos nos está tratando muy bien”, dijo Chaves. El miércoles, dos diputadas rivales fueron sancionadas por Washington por contrariar al presidente en su decisión de rechazar tecnología china.
Y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, necesita que Trump mantenga el vital respaldo que le dio su antecesor, el demócrata Joe Biden, para que lograra asumir el poder, tras el acoso de la élite conservadora de Guatemala.
“No tenemos posibilidad de jugar con otros instrumentos de política exterior más que en términos de sometimiento… lo que se denominaba el patio trasero de Estados Unidos. Si no cumplimos, habrá sanciones: la doctrina de la zanahoria y el garrote”, opinó el analista guatemalteco Renzo Rosales.
