Dos mujeres indígenas mayas relataron este lunes ante un tribunal los sufrimientos vividos tras ser violadas sexualmente por paramilitares que colaboraban con el ejército de Guatemala en la década de 1980, durante la guerra civil.
Ambas mujeres subieron al estrado en la fase final de un juicio contra tres exparamilitares acusados de violaciones sexuales perpetradas entre 1981 y 1985 en el municipio maya de Rabinal y en una base militar durante el conflicto armado (1960-1996).
Veintinueve mujeres mayas achí presentaron denuncias de violaciones sexuales contra los exparamilitares, quienes participaban en incursiones del ejército en comunidades indígenas, a las que acusaban de colaborar con la guerrilla izquierdista.
“La verdad, ellos lo hicieron. Vivo amargamente mi vida y triste porque ellos me lo hicieron. ¿Por qué yo no mentí? Y no me da vergüenza decirlo ante ellos porque la verdad lo hicieron”, declaró Pedrina Ixpatá, de 61 años.
Ataviada con un traje tradicional multicolor, Ixpatá relató en lengua maya sus sufrimientos, asistida por una traductora, e imploró por castigo para los acusados: Simeón Enríquez, Félix Tum y Pedro Sánchez, quien falta por dar su última declaración.
Enríquez y Tum reconocieron haber integrado las fuerzas paramilitares, pero negaron las violaciones.
El juicio por estos crímenes de lesa humanidad comenzó el 28 de enero en un tribunal de la capital y la sentencia está prevista para el 30 de mayo.
Es el segundo juicio por violencia sexual en Rabinal contra exparamilitares. El primero, en 2022, culminó con cinco antiguos colaboradores del ejército sentenciados a 30 años de prisión.
“Yo los reconocí bien a ellos [los acusados], aquí no sólo cuenta lo que digan, sino lo que yo pasé. Sufrí en carne propia todo lo que me hicieron”, dijo en español Paulina Ixpatá, de 62 años.
En representación de las otras 27 víctimas, habló la presidenta de la ONG Asociación Bufete Popular, María Raxcacó, quien también exigió justicia.
“Llegaron a nuestra aldea, mataron mujeres, mujeres embarazadas, niñas, ancianas, las mataron, entonces nosotros estamos aquí, ellas ya no vienen aquí a pedir la justicia, pero nosotras estamos aquí luchando para pedir justicia”, dijo.
Los tres inculpados fueron detenidos en 2018, pero quedaron en libertad en 2019. Los abogados de las víctimas apelaron y en 2022 una corte de apelaciones resolvió que debían enfrentar juicio.
La guerra civil dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad que documentó las atrocidades cometidas durante el conflicto, la mayoría atribuidas a las fuerzas armadas.
