Durante la Ronda informativa de este viernes, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, reveló serias anomalías en varios proyectos mineros ubicados en la Sierra Santa Cruz, en el municipio de Livingston, Izabal. La funcionaria confirmó que el Ministerio de Ambiente (MARN) ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por actividades de exploración minera que se están desarrollando sin los permisos correspondientes.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la existencia de al menos tres calicatas —excavaciones de aproximadamente 10 metros de profundidad— que fueron abiertas sin la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo cual constituye una infracción legal clara.
“Eso es abiertamente ilegal porque ninguno de los 10 proyectos cuenta con autorización del Ministerio de Energía y Minas para explorar ni para explotar. Lo único que tienen es el pasito previo del aval ambiental”, explicó Orantes durante su intervención.
Las calicatas, también conocidas como catas, son excavaciones utilizadas para estudiar las características del suelo. Sin embargo, cuando se hacen sin regulación ni control, pueden causar alteraciones severas al medio ambiente, desde la pérdida de materia orgánica hasta la compactación del terreno.
Incumplimiento del reglamento ambiental
Además de la falta de permisos, el MARN detectó que la mayoría de los proyectos omitieron un requisito fundamental del Reglamento de Evaluación y Control Ambiental: obtener la opinión de la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI). Esta omisión debilita el control técnico y ambiental de los proyectos en una zona altamente sensible.
Otro incumplimiento grave fue identificado en dos proyectos en fase de explotación, donde las empresas responsables no realizaron el segundo edicto en idioma q’eqchi’, como lo exige la normativa para garantizar el derecho a la consulta y la información a las comunidades indígenas. En su lugar, únicamente se publicó el aviso en español.
“Se trata de obligaciones normativas que no pueden ser ignoradas. Es indispensable que los pueblos indígenas reciban información en su idioma”, enfatizó la ministra.
Orantes también abordó el tema de la relación con las comunidades locales. Afirmó que el 18 de junio se llevó a cabo el primer diálogo técnico real entre el MARN y los representantes comunitarios, como parte de las mesas de trabajo impulsadas por la cartera.
Criticó que, en el pasado, estas reuniones eran en realidad mítines políticos sin carácter técnico, algo en lo que el Ministerio no debe participar.
“Las reuniones anteriores realmente no habían sido mesas, ni mesas técnicas; habían sido más mítines políticos y el Ministerio de Ambiente no tiene obligación, necesidad, ni debe participar en ningún mitin político”, puntualizó.
Acciones en curso
Todos los hallazgos identificados por el MARN han sido trasladados no solo al Ministerio Público, sino también comunicados tanto a las empresas involucradas como a las comunidades afectadas. Se espera que las investigaciones avancen y que las autoridades competentes determinen las sanciones correspondientes.
Con esta denuncia, el Ministerio de Ambiente busca sentar un precedente en el manejo de proyectos extractivos en áreas ambientalmente frágiles y culturalmente diversas, priorizando el cumplimiento legal, la transparencia y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
