En una nueva acción coordinada para reforzar la seguridad en los centros de privación de libertad, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este lunes 7 de julio una requisa en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón. El operativo se enfocó en los sectores conocidos como “la bodega” y “la casita”.
En la intervención participaron unidades especializadas como las Fuerzas Especiales de Policía (FEP), el Grupo de Acción Rápida (GAR), la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), además de elementos de la comisaría local.
El objetivo principal de la operación fue detectar y decomisar objetos ilícitos que puedan ser utilizados por los internos para mantener actividades delictivas desde el interior del penal.

Incautaciones recientes en penal de Escuintla
Además, el domingo 6 de julio se efectuó otra acción en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en el departamento de Escuintla. En esa oportunidad, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron un cateo que resultó en el hallazgo de una gran cantidad de artículos no permitidos.
Entre lo incautado destacan:
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4 teléfonos celulares
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2 radios transmisores
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27 cargadores
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80 metros de cable de conexión a internet
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1 router
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2 consolas de videojuego PlayStation
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2 bocinas musicales
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3 reproductores de DVD
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1 enfriador
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1 pipa artesanal para marihuana
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2 trituradoras para sustancias posiblemente ilícitas
Este tipo de objetos permiten a los reclusos mantener comunicación con el exterior e incluso dirigir operaciones criminales desde prisión, lo cual representa un serio riesgo para la seguridad nacional.

Desde el Ministerio de Gobernación se ha reiterado que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para eliminar los privilegios indebidos en las cárceles del país, los cuales, en muchos casos, han sido obtenidos mediante corrupción o colusión con redes criminales.
Las requisas, según las autoridades, se han vuelto una herramienta indispensable para recuperar el control del sistema penitenciario guatemalteco, afectado por años de sobrepoblación, impunidad y falta de regulación efectiva.
El Gobierno ha manifestado que este tipo de acciones continuarán en todos los centros carcelarios del país, como parte de una política de cero tolerancia frente al crimen organizado que opera desde las prisiones.
Con estos avances, las autoridades buscan no solo desarticular estructuras delictivas, sino también sentar las bases para una reforma integral del sistema penitenciario guatemalteco, donde la rehabilitación sea una meta real y no una excusa para el descontrol.