En el caso penal denominado Corrupción Semilla el pasado 16 de agosto el juez Fredy Orellana aceptó la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que la exdiputada Ligia Hernández quedara en prisión preventiva y ligada a proceso por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.
Según la investigación de la FECI, Hernández, como secretaria adjunta del partido Movimiento Semilla, no reportó en el año 2019 varios aportes económicos que recibió la organización.
El lunes 26 de agosto se celebró la audiencia de revisión de la medida. El abogado defensor de la exparlamentaria aseguró que no existe el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo cual pidió el otorgamiento de un arresto domiciliario a favor de la aún directora del Instituto de la Víctima.
Por su parte el juez Fredy Orellana, resolvió que Hernández debe continuar en prisión preventiva en el cuartel militar Matamoros, por lo que rechazo el otorgamiento de una medida sustitutiva, indicando que las circunstancias que motivaron la privación de libertad no han cambiado.
La FECI debe entregar en noviembre próximo el acto conclusivo, es decir, la investigación final y en diciembre se discutirá si Hernández podría enfrentar un juicio, mientras tanto debe permanecer en prisión preventiva.
Caso bajo reserva
Precisamente este martes 27 de agosto inicia la audiencia de anticipo de prueba en el caso contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, la cual se desarrollará a puerta cerrada debido a que el caso está bajo reserva.
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