Este martes 27 de mayo se celebró la audiencia de ofrecimiento de prueba en el proceso penal que enfrenta Jorge Santos Neill, acusado de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, derivado del caso Corrupción Semilla. En el marco de esta diligencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dio a conocer un nuevo señalamiento en su contra: el uso de un teléfono celular mientras se encontraba bajo custodia del Sistema Penitenciario.
Intento de colaboración frustrado
Según explicó la fiscal Leonor Eugenia Morales, Santos había solicitado acogerse a la figura de colaborador eficaz a inicios de febrero de 2025, por lo que un juez contralor autorizó su traslado desde Mariscal Zavala a la sede de la FECI. Durante dos jornadas de aproximadamente 12 horas cada una, el exfuncionario rindió declaración. Sin embargo, en el tercer día, su actitud nerviosa levantó sospechas.
Fue entonces cuando, tras una revisión del área de sanitarios, se localizó un teléfono celular oculto debajo del recipiente de basura. Al ser confrontado, Santos pidió disculpas y aseguró que no había usado el dispositivo dentro de la sede fiscal.
Este incidente llevó al juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, a ordenar una nueva investigación penal contra Santos Neill y a señalar que el hallazgo del celular justificaba plenamente su traslado del cuartel militar Mariscal Zavala al Preventivo para Hombres de la zona 18, una prisión de régimen más estricto.
Además, el juez dictó lo conducente contra las personas involucradas en los traslados de Santos a la fiscalía, instruyendo al Ministerio Público a profundizar en las posibles irregularidades en la cadena de custodia.
Juicio en marcha
El 21 de mayo, el exdirector de Informática del TSE fue enviado a juicio formal por su presunta participación en irregularidades que buscan beneficiar al partido político Movimiento Semilla durante el proceso electoral. Su intento de acogerse como colaborador eficaz quedó anulado, al no cumplir con los requisitos legales establecidos.
Este nuevo señalamiento podría complicar aún más su situación legal y poner en tela de juicio la seguridad penitenciaria en traslados de alto perfil.
