En una contundente declaración, Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, pidió al Ministerio Público de Guatemala que detenga su proceso de criminalización contra quienes luchan contra la corrupción y defienden los derechos humanos.
La funcionaria internacional presentó este viernes en un hotel de la capital el informe preliminar de su visita oficial de dos semanas al país, en la cual sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores, activistas, comunidades indígenas, diputados y autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo y a la fiscal general Consuelo Porras.
“He oído a gente que tiene miedo”, expresó Satterthwaite. “La criminalización es aterradora, es algo que nadie quiere experimentar”.
Un Ministerio Público bajo el escrutinio internacional
El informe reveló que desde la Fiscalía dirigida por Porras se ha criminalizado a numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de abusos de poder. Entre las formas de represión señaladas destacan el acoso digital, amenazas y presentación de cargos penales sin fundamento.
Satterthwaite recomendó no solo cesar con estas acciones, sino avanzar en reformas institucionales profundas que garanticen el respeto a la independencia judicial.
“Guatemala atraviesa un momento crucial de renovación institucional que debe garantizar decisiones imparciales”, enfatizó.
#Relatora #ONU Hoy en conferencia de prensa la relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) señaló que en los últimos años en Guatemala se ha creado un mecanismo de persecución para periodistas,… pic.twitter.com/yXcE3bz9uC
— Verdad y Justicia en Guatemala (@VerdadJusticiaG) May 23, 2025
Observaciones clave del informe preliminar
Entre las principales conclusiones expuestas por la relatora se encuentran:
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Una convergencia entre intereses políticos, económicos y delictivos que afecta la independencia judicial.
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La erosión de la integridad en los nombramientos judiciales, especialmente en las Comisiones de Postulación.
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Problemas estructurales en la Ley de la Carrera Judicial y en el rol de universidades y el Colegio de Abogados.
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Falencias en el acceso a la justicia y una concentración excesiva del poder disciplinario.
Además, Satterthwaite enfatizó que su informe completo será presentado en los próximos meses ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Hay esperanza”, dijo con cautela al ser consultada sobre si el MP acatará sus recomendaciones.
