Una investigación federal en Estados Unidos ha sacado a la luz una compleja red de lavado de dinero presuntamente liderada por la guatemalteca Brenda Lili Barrera Orantes, de 39 años. Residente en Beaverton, Oregón, Barrera es acusada de haber facilitado el blanqueo de al menos 18.5 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional, a través de su cadena de tiendas “La Popular”, especializadas en envíos de dinero y productos latinoamericanos.
Un negocio en auge que despertó sospechas
Barrera inició su emprendimiento en 2020, abriendo la primera sucursal de “La Popular” en Oregón. En poco tiempo, el negocio se expandió con varias sucursales en Oregón y Washington, lo que llamó la atención de las autoridades debido al rápido crecimiento y a las agresivas campañas de promoción, incluyendo rifas de alto valor.
Según documentos judiciales, entre 2021 y 2024, “La Popular” habría transferido más de 89 millones de dólares, con al menos 18.5 millones enviados a regiones de México y Honduras conocidas por su actividad relacionada con el narcotráfico.
Modus Operandi: Fraccionamiento y Ocultamiento
Las autoridades indican que Barrera y sus cómplices recibían grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales eran fraccionadas en múltiples transacciones menores para evitar detección. Además, se utilizaban identidades ficticias para ocultar el origen ilícito de los fondos. Por cada transferencia irregular, Barrera cobraba una comisión del 10%, lo que le habría generado más de 1.8 millones de dólares en ganancias personales.
Operación Take Back America
El 16 de abril de 2025, como parte de la operación “Take Back America”, agentes federales allanaron tres sucursales de “La Popular” y la residencia de Barrera en Beaverton, donde se encontraron más de 120 mil dólares en efectivo. Barrera fue arrestada sin incidentes y presentada al día siguiente ante un tribunal federal.
Consecuencias legales y repercusiones
De ser declarada culpable, Barrera enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión federal, cinco años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del monto lavado. Además, debido a su condición migratoria irregular, podría ser deportada a Guatemala tras cumplir su condena.
Reacciones y Contexto Regional
El caso ha generado diversas reacciones en la comunidad migrante, con opiniones divididas entre quienes condenan el uso de negocios comunitarios para actividades ilícitas y quienes expresan preocupación por posibles estigmatizaciones.
Este caso se enmarca en un contexto regional donde Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para combatir redes financieras que lavan dinero en países como Honduras, mediante la creación de fuerzas de tarea conjuntas y programas de capacitación para agentes policiales.
La acusación contra Brenda Barrera destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera en la región.
