La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Guatemala este jueves por la “desaparición forzada” de cuatro defensores de derechos humanos en 1989 durante la guerra civil en ese país (1960-1996).
“Guatemala (es) responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis”, dictaminó la corte, con sede en San José, en su sentencia.
Los cuatro activistas “fueron amenazados y perseguidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado” por la labor que desempeñaban y fueron “obligados a desplazarse” del departamento de Quiché, 225 km al norte de Ciudad de Guatemala, donde vivían.
“Dichas personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de integrantes del Ejército de Guatemala”, destacó el tribunal continental.
La Corte determinó que Guatemala “vulneró” los derechos de las cuatro víctimas y sus familias a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías procesales, la protección judicial, conocer la verdad, contraviniendo al menos 12 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SENTENCIA | 🇬🇹
Caso Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala: El Estado es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de cuatro defensores de derechos humanos.
⚖️Sentencia: https://t.co/MGfyXa8j9B
📲Comunicado completo: https://t.co/rm0rYGEz73#ProtegiendoDerechos… pic.twitter.com/lN3Ce37T3f— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) November 14, 2024
Se ordenó, entre varias medidas de reparación, la obligación del Estado de “remover, de forma inmediata, todos los obstáculos que mantienen la situación de impunidad de este caso”.
También realizar “una búsqueda seria y con la debida diligencia del paradero” de las cuatro víctimas, así como diseñar un “mecanismo o programa nacional” de búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil.
Este conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de colaborar con la guerrilla izquierdista.
