La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a un amparo interpuesto por un grupo de diputados del Congreso, exigiendo que se reanude la agenda legislativa interrumpida el pasado 30 de abril y se aborden sin dilaciones los temas aprobados por mayoría, entre ellos la redistribución de comisiones y cambios en la Junta Directiva.
El recurso fue promovido por los diputados Álvaro Arzú, Elmer Palencia, Felipe Alejos, Nadia de León, Carlos López, Rodrigo Pellecer y Allan Rodríguez. En él, señalan al presidente del Congreso, Nery Ramos, por retirarse de la sesión y frenar el avance de una moción privilegiada que contaba con el respaldo de 89 congresistas, lo que generó una fuerte crisis legislativa.
La CC notificó al Legislativo que Ramos tiene un plazo de ocho horas para presentar un informe circunstanciado sobre lo ocurrido en aquella sesión. La solicitud se hizo efectiva “por instrucciones de la presidenta de la Corte”, Leyla Lemus.
¿Qué se exige en el amparo?
El documento presentado el 1 de mayo exige que el Congreso sea obligado a sesionar y que se convoque a los diputados a una sesión ordinaria adicional el martes 6 de mayo a las 14:00 horas. En dicha sesión, según el amparo, deberán conocerse en su totalidad y sin interrupciones todos los puntos contenidos en la moción privilegiada que fue aprobada antes de la suspensión.
Entre los temas pendientes destaca la elección del reemplazo de Karina Paz, ex primera secretaria de la Junta Directiva, y la redistribución de las comisiones legislativas, cambios que según los solicitantes, fueron obstaculizados deliberadamente por Ramos.
Durante la polémica sesión del 30 de abril, el presidente del Congreso se retiró abruptamente del hemiciclo alegando que se intentaba “usurpar las funciones del presidente” y que la agenda presentada por ciertos bloques no respondía a las necesidades del país, sino a intereses particulares por “tomar por asalto la Junta Directiva”.
Este hecho generó el vacío legislativo que ha motivado la intervención de la CC, evidenciando una fractura interna en el Congreso que podría tener implicaciones en el desarrollo de la agenda nacional.
Según confirmó el departamento de Comunicación Social del Congreso, el informe requerido por la Corte fue enviado el domingo por la noche, en cumplimiento del plazo establecido. Ahora, la CC deberá resolver si ordena de forma definitiva la reanudación inmediata de la agenda interrumpida y la convocatoria a nueva sesión.
La decisión marcará un precedente importante en la relación entre los órganos del Estado, y pondrá a prueba los límites del poder presidencial dentro del Congreso.
