La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este martes 20 de mayo, un amparo provisional a favor de varios ciudadanos y entidades jurídicas que impugnaron el Acuerdo Gubernativo 65-2025, firmado por el presidente Bernardo Arévalo. El acuerdo disponía el retiro total de la reserva que el Estado de Guatemala había formulado respecto al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
La decisión de la CC deja en suspenso la medida presidencial hasta que se resuelvan en definitiva las acciones de amparo presentadas, lo que representa un revés jurídico para el Ejecutivo en materia de política exterior.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/jvjX1AS6s9
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) May 20, 2025
¿Qué establece el artículo 27?
El artículo 27 de la Convención de Viena estipula que “un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Según los accionantes, este principio podría chocar con la supremacía constitucional que rige en el ordenamiento guatemalteco.
Los promoventes del amparo argumentaron que la eliminación de esta reserva podría interpretarse como una renuncia a la primacía de la Constitución de la República de Guatemala sobre tratados internacionales, lo que motivó su acción legal ante la Corte.
Argumentos del Ejecutivo
El gobierno de Bernardo Arévalo ha defendido el retiro de la reserva al artículo 27 como una medida de formalización jurídica, al considerar que dicha cláusula internacional ya ha sido aplicada por décadas en el ámbito internacional sin restricciones.
Según el Ejecutivo, la reserva planteada en mayo de 1997 carece de efectos prácticos, ya que ni durante la firma en 1969, ni en la aprobación legislativa de 1996, se formularon objeciones al artículo en cuestión. Además, señalaron que el retiro está fundamentado en el artículo 149 de la Constitución, que regula las relaciones internacionales del país, y busca fortalecer la certeza jurídica en el cumplimiento de obligaciones internacionales.
En su resolución, la Corte también ordenó que el presidente Arévalo notifique esta suspensión a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de los canales diplomáticos correspondientes, mientras se resuelve de manera definitiva la legalidad del acuerdo.
Este fallo preliminar reaviva el debate sobre los límites del poder Ejecutivo en la conducción de la política exterior, especialmente en lo relacionado con tratados internacionales.
Mientras el Gobierno defiende su decisión como un acto de modernización jurídica, sectores críticos alertan sobre posibles implicaciones constitucionales.
El caso permanece ahora en manos de la CC, que deberá emitir un fallo definitivo en las próximas semanas, lo que podría sentar un importante precedente en materia de derecho internacional y su relación con el orden constitucional guatemalteco.
