Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron rechazar la solicitud de suspender provisionalmente el reglamento de clasificación de desechos que entra en vigencia el 11 de febrero del 2025 (Acuerdo Gubernativo 164-2021).
La acción legal fue interpuesta por Sebastián Siero, alcalde municipal de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
La ANAM pretendía dejar sin efecto siete artículos (1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54) del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, específicamente en el tema de la separación de los desechos entre orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables, así como las sanciones que se deberían imponer por el incumplimiento de esa normativa.
La votación de la máxima corte fue tres votos en contra de la inconstitucionalidad que pidió la Anam y dos a favor de esta.
¿Qué busca este reglamento?
El reglamento obliga a las 340 municipalidades a aplicar el mismo, a velar la aplicación y a colaborar para educar a la población respecto al tema de clasificación de desechos.
La clasificación se divide en primaria, secundaria y secundaria extendida. El artículo 12, de los impugnados por el jefe edil, ordena que sean separados los desechos entre orgánico e inorgánico; también en orgánico, reciclable (papel y cartón, vidrio, plástico, metal y multicapa) y no reciclable; además, habilita a las municipalidades a aplicar una clasificación extendida para materiales que no entren en las ya establecidas.
También regula a quienes recolectan basura, pues establece que se deben de limpiar los vehículos que transportan los desechos diariamente, deben tener ventilación y los municipios deben contar con espacios donde se estacionen los automotores con ventilación y que los lixiviados sean tratados correspondientemente.
Aún no están preparados
De acuerdo con Sebastián Siero, el reglamento les afecta porque no tienen los fondos necesarios para cumplir con la obligatoriedad para el tratamiento de aguas, tal y como se busca con la implementación de la normativa.
Agrega que no se cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo de desechos sólidos en la manera en la que lo solicita el reglamento, y que ninguna entidad en Guatemala tiene la capacidad de cumplirlo.
