La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó el lunes 24 de junio en el Diario de Centroamérica que durante los últimos meses han incrementado las amenazas en contra de los magistrados de máxima corte.
Ante ello, resolvió clasificar como información reservada durante un tiempo de siete años, la descripción de los esquemas de seguridad de los togados.
A través de la resolución 01-2024, se infirmó que la reserva incluye la identificación del personal que presta servicio de seguridad personal a los magistrados, el armamento y las asignaciones de vehículos.
La información será generada por la CC y se estará en resguardo en la Dirección Administrativa y Dirección Financiera de dicho tribunal.
Este mecanismo es respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras considerar que los magistrados se encuentran en una situación de gravedad.
Riesgo para magistrados
La resolución fue emitida por Nester Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad, en la misma se indica que durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales en contra de la integridad de los magistrados de la CC.
Esto ha provocado la interposición de denuncias penales, solicitudes de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para otorgar medidas cautelares, en busca de resguardar la integridad de los afectados.
La resolución se basó en el artículo 30 de la Constitución de la República de Guatemala, que reza que los actos de la administración pública son públicos, a menos que se trate de asuntos militares o diplomáticos se seguridad nacional.
Compra de vehículos blindados
Es importante mencionar que esta resolución fue emitida una semana después que los magistrados de la máxima corte gastaran 6.4 millones de quetzales en la compra de vehículos blindados.
Antecedentes
El 11 de diciembre de 2023, durante la madrugada se reportó el incendió de un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 capitalina.
Posteriormente se estableció que el vehículo oficial era parte de la comitiva de seguridad que se dio a la magistrada de la CC, Leyla Lemus. El suceso ocurrió a unos metros de la vivienda de la funcionaria.
Se dio a conocer que el Ministerio Público (MP) inició una investigación por el hecho, sin embargo el caso no ha mostrado mayores avances.
