El profesor de la Escuela de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gad Echeverría, fue ligado a proceso penal durante la noche del jueves 3 de octubre por el juez Víctor Cruz en el caso penal denominado “Toma USAC: Botín Político”.
El juez Cruz, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia, aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) y ligó a proceso a Echeverría por usurpación agravada y depredación de bienes culturales, además de dictarle falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y sedición.
Beneficiado con medida sustitutiva
El juez también resolvió que Echeverría sea beneficiado con arresto domiciliario y otorgó el plazo de cuatro meses para que el ente investigador amplíe la investigación, por lo que programó la audiencia de etapa intermedia para el 18 de marzo de 2025.
Dentro de las medidas de coerción otorgadas, Echeverría deberá acudir a la sede del ente investigador ubicado en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina a colocar su huella en el registro biométrico los primeros cinco días de cada mes. Se le estableció prohibición de salir de país sin autorización judicial, también tiene prohibido comunicarse con testigos que han declarado ante el Ministerio Público y con personas que se encuentren dentro del caso.
Echeverría fue capturado el pasado 21 de septiembre en Antigua Guatemala, por su presunta implicación en el caso Toma USAC: Botín Político, el cual nació luego que en el 2023, la Universidad de San Carlos de Guatemala fuera tomada por un grupo de personas, lo que provocó el cierre durante 385 días. El Ministerio Público (MP) asegura que el reciento presentó daños, por lo que denominó con dicho nombre el proceso legal, lo que para muchos ha sido considerado como un caso prefabricado que criminaliza a catedráticos, profesionales y estudiantes.
PGN despide abogada
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó por medio de un comunicado que la abogada que representó a la institución en la audiencia de primera declaración debía pedir la falta de mérito y no solicitar que Echeverría fuera ligado a proceso penal, lo cual calificaron como una acción “irresponsable”, por lo que el contrato de la profesional fue cancelado de manera inmediata.
El documento añade que la defensa de los intereses del Estado y sus ciudadanos es una de las principales obligaciones de la PGN, por lo que están en desacuerdo con esa posición “irresponsable”.
