Tal como lo habían anunciado, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se apostaron en diversos puntos del país para bloquear el paso. PROVIAL reporta por lo menos 16 puntos obstaculizados:
Esta es la situación actualizada de bloqueos en las carreteras del país.
PROVIAL, proteger y servir.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/r2jGC7UNzn
— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) March 31, 2025
Al respecto, diversas cámaras empresariales han mostrado su descontento ante la imposibilidad de seguir operando debido al bloqueo de las vías.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- rechazó enérgicamente las acciones que bloqueen la libre circulación y expresó:
“Son ilegales porque vulneran la libertad de los guatemaltecos que trabajan por que Guatemala sea un país de oportunidades y con orgullo mostrarlo al mundo”.
Además, hicieron un llamado para que se respete el derecho de libre locomoción como lo dicta la Constitución de la República, y que se cumpla el amparo provisional otorgado al Ministerio de Salud que ordena a los sindicatos “abstenerse” de realizar cierres de tránsito.
La Cámara de Industria de Guatemala indicó que los bloqueos son “ilegales” y afectan la vida de los guatemaltecos.
#NoMásBloqueos | Los bloqueos ilegales afectan la movilidad, la salud y la vida de los guatemaltecos. Guatemala debe seguir avanzando. pic.twitter.com/LgYCzrbBJY
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) March 31, 2025
Y exigió al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación y a la Policía Nacional Civil que actúen conforme a su mandato y restauren, de forma urgente, el orden y la seguridad en el país.
El pasado viernes 28 de marzo, el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, emitió un amparo que ordenaba al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y sus filiales abstenerse de realizar cierres de tránsito, tomar instalaciones o paralizar actividades en hospitales.
Las cámaras empresariales exigen a las autoridades que se dé cumplimiento a la resolución.
