La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrará el próximo 9 de junio una audiencia de vista pública para conocer los argumentos del Ministerio Público (MP) sobre el traslado del expediente por el asesinato de Melisa Palacios hacia un juzgado de Mayor Riesgo en la capital.
Actualmente, el caso se encuentra estancado en el Juzgado de Turno de Chiquimula, donde se han denunciado serias irregularidades procesales, presencia de personas armadas e intimidación hacia los familiares de la víctima y querellantes. La decisión que tome la Cámara Penal podría cambiar el rumbo de un proceso marcado por denuncias de manipulación y amenazas.
Antecedentes de un caso marcado por el dolor y la impunidad
Melisa Palacios, de 21 años, desapareció el 3 de julio de 2021 tras salir de su casa en Zacapa para, supuestamente, asistir al cumpleaños de un amigo. Sin embargo, se reunió con su amiga María Fernanda Bonilla, principal acusada del crimen. Horas más tarde, su cuerpo fue localizado a 14 kilómetros, sin vida.
Las investigaciones del MP señalan a Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, como responsables del secuestro y asesinato. Un testigo protegido, capturas de pantalla y audios revelan que Bonilla habría confesado tener retenida a Palacios, mientras otra grabación la muestra suplicando por su vida.
Obstáculos y reclasificación de delitos
Pese a las pruebas, el juez José Máximo Morales reclasificó los delitos de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta. Esta decisión fue rechazada por el MP y la familia de la víctima, quienes acusaron al juez de ignorar evidencia clave. A raíz de ello, el MP solicitó su antejuicio, y el expediente fue asignado a distintos jueces en Chiquimula, donde continúa sin avances.
Uno de los principales argumentos del MP para solicitar el traslado del caso es la seguridad. Se ha documentado la presencia de hombres armados con fusiles de grueso calibre frente a los tribunales de Chiquimula durante las audiencias. Además, los querellantes han sido víctimas de dos ataques armados: uno contra el tío y otro contra la madre de Melisa Palacios.
“Esta situación constituye una abierta intimidación y representa un riesgo inminente para la integridad de las partes”, señaló el fiscal Edgar Gómez. Asimismo, los constantes cambios de defensa por parte de los acusados —más de seis hasta la fecha— han sido calificados como estrategia para dilatar el proceso.
Audiencia suspendida y última esperanza
El mismo 9 de junio estaba prevista la audiencia de etapa intermedia, en la que se definiría si Bonilla y Marroquín enfrentan juicio. Sin embargo, fue suspendida por excusa de la jueza a cargo. La familia teme que el caso continúe estancado si no se concreta el traslado a un juzgado especializado en la Ciudad de Guatemala.
Una multitudinaria manifestación en septiembre recorrió la Avenida Reforma hasta la Torre de Tribunales para exigir justicia y el traslado del expediente. “Nos hemos topado con un monstruo”, expresó un familiar de la víctima, haciendo referencia a los obstáculos enfrentados en el proceso.
La decisión que tome la Cámara Penal de la CSJ marcará un precedente. No solo definirá si el caso Melisa Palacios podrá avanzar en condiciones seguras, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial guatemalteco para garantizar justicia en casos de alto impacto y violencia contra la mujer.
