Por tercer día consecutivo, pobladores de comunidades q’eqchi’es mantienen un bloqueo en el kilómetro 321, en la comunidad San Antonio Seja, del municipio de Livingston en el departamento de Izabal, como medida de protesta contra la reciente autorización de licencias de exploración minera en la región.
Los manifestantes, provenientes de distintas comunidades del área, expresan su inconformidad por lo que consideran una imposición sin consulta previa ni consentimiento de los pueblos indígenas. La protesta ha causado interrupciones en el paso vehicular hacia Morales y Puerto Barrios, afectando a transportistas, comerciantes y población en general.
Las comunidades han tomado estas medidas, por la falta de respuesta del Estado, que piden cancelar todas las licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Livingston, Izabal. pic.twitter.com/RePUWTDauk
— Carlos Ernesto Choc (@CarlosErnesto_C) June 16, 2025
Las inconformidades se centran en el proceso de licenciamiento para los proyectos “Montaña de Oro” y “El Escudo”, otorgados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Según líderes comunitarios, no se ha respetado el derecho de consulta estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que consideran una violación a sus derechos territoriales y culturales.
En respuesta, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló que su rol dentro del proceso ha sido técnico y que las licencias ambientales emitidas se basan en estudios de impacto ambiental previamente evaluados. Aclaró, además, que no tiene competencia sobre la consulta a pueblos indígenas, proceso que recae en otras instituciones del Estado.
Exigen revocatoria de licencias
Por su parte, los comunitarios exigen la revocatoria de las licencias ya otorgadas, la suspensión de cualquier actividad minera en el área y la apertura de un diálogo directo con autoridades de alto nivel. Mientras tanto, el bloqueo continúa sin posibilidad de una solución inmediata.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha hecho un llamado a la mediación, recordando la importancia del respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los procesos de consulta.
El conflicto pone nuevamente sobre la mesa la tensión histórica entre comunidades indígenas, el Estado y las empresas extractivas, en un contexto donde los derechos territoriales y la protección ambiental siguen siendo motivo de disputa.
