El presidente Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera, miembros de su gabinete y representantes de autoridades indígenas ancestrales, exigió este martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, mientras exhortó a diputados al Congreso de la República para aprobar reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. La solicitud se produce tras la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, y del extesorero de Los 48 Cantones, Héctor Chaclán, acusados de terrorismo y asociación ilícita.
Presentan amparo contra Consuelo Porras
Bernardo Arévalo junto a las autoridades indígenas presentaron un amparo contra Consuelo Porras por criminalizar liderazgos comunitarios.
La acción legal fue impulsada por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) y tiene como objetivo frenar lo que califican como una criminalización sistemática hacia los liderazgos indígenas por parte del ente investigador.
#Urgente
Entrega de la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, en contra del MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA #MP, Por violentar la Institucionalidad Indígena de La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los #48Cantones. pic.twitter.com/0vfQPFUZAK— CODISRA (@CODISRA_GT) April 29, 2025
La medida busca resguardar el ejercicio legítimo de las autoridades comunitarias y denunciar la utilización de figuras penales como el terrorismo para perseguir protestas sociales vinculadas a los pueblos originarios.
“Al pueblo de Guatemala le decimos que estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad”, afirmó Arévalo durante la conferencia.
Por su parte el Secretario General del MP respondió por medio de su cuenta en la red social “X”, enfatizando la autonomía del ente investigador.
El @MPguatemala es una institución autónoma, y su mandato no depende del gusto del Ejecutivo ni de intereses particulares.
Utilizar recursos del Estado para obstaculizar la labor del MP no solo es irresponsable, es una amenaza directa al Estado de Derecho y una posible violación…
— Angel Pineda (@angelpineda75) April 29, 2025
Contexto de las detenciones
Luis Pacheco, exlíder de la organización indígena Los 48 Cantones y actual viceministro de Desarrollo Sostenible de la cartera de Energía y Minas, fue capturado el pasado 23 de abril por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. La detención, junto con la de Héctor Chaclán, ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, quienes la califican como un acto de criminalización hacia los pueblos indígenas.
Pacheco lideró en 2023 manifestaciones pacíficas exigiendo la renuncia de Consuelo Porras y en defensa de los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo. La fiscalía ha mantenido el caso bajo reserva. El pasado 25 de abril, el Juzgado de Primera Instancia Penal resolvió ligar a proceso penal a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, exmiembros de los 48 Cantones de Totonicapán por dos delitos: terrorismo y obstaculización a la acción penal.
Reacciones de autoridades indígenas
Representantes de autoridades indígenas ancestrales denunciaron acciones de racismo y discriminación por parte de la fiscal general y del Ministerio Público en la persecución judicial iniciada contra líderes indígenas que participaron en protestas exigiendo la renuncia de Porras.
“La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de autoridades indígenas y de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos es un ataque a todos los pueblos del país”, señalaron las autoridades indígenas en un comunicado conjunto.
Implicaciones políticas y sociales
La detención de líderes indígenas y la respuesta del gobierno han generado un amplio debate en la sociedad guatemalteca sobre la independencia del Ministerio Público y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una persecución política y un intento de socavar los avances democráticos en el país.
La comunidad internacional también ha mostrado interés en la situación. El gobierno de Estados Unidos ha sancionado previamente a Consuelo Porras por obstruir iniciativas anticorrupción, y se espera que organismos internacionales de derechos humanos emitan pronunciamientos en los próximos días.
Tensión entre el Ejecutivo y el MP
La exigencia de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por parte del presidente Arévalo y autoridades indígenas marca un momento crítico en la política guatemalteca. La situación pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, así como las demandas de los pueblos indígenas por justicia y respeto a sus derechos. El desarrollo de este conflicto será determinante para el futuro de la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Exlíderes de 48 Cantones ligados a proceso por terrorismo y obstaculización a la justicia
