El reciente acuerdo migratorio alcanzado entre el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, representa una nueva oportunidad para Guatemala, aunque también plantea riesgos significativos. Estos podrían mitigarse si se aprovecha adecuadamente la experiencia acumulada en negociaciones previas.
Durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario Rubio, el presidente Arévalo explicó que Guatemala aceptará deportados de distintas nacionalidades, quienes serán repatriados posteriormente a sus países de origen con fondos proporcionados por Estados Unidos. El acuerdo contempla un incremento del 40% en el número de vuelos de deportados, tanto guatemaltecos como de otras nacionalidades, para su eventual repatriación.
Este pacto llega después del último acuerdo migratorio de gran magnitud, firmado en 2019 tras meses de arduas negociaciones durante la primera presidencia de Donald Trump. En aquella ocasión, bajo la dirección del entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y hacia el final del mandato de Jimmy Morales, se establecieron condiciones específicas: solo ciudadanos del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, podían ser deportados al país para definir su estatus migratorio, ya sea como solicitantes de asilo o para su retorno a sus naciones de origen.
A diferencia del acuerdo anterior, el nuevo pacto incluye a ciudadanos extrarregionales (como los provenientes de países del Caribe o Sudamérica) e incluso extracontinentales (como chinos, paquistaníes o africanos). Sin un plan detallado, estructurado y financiado, no queda claro qué tratamiento se dará a estos migrantes ni cómo se garantizará su retorno a sus países de origen.
Además, según detalló el exsecretario Degenhart, el acuerdo de 2019 incluía “filtros relativos al historial delictivo de las personas a recibir, lo que garantizaba que no ingresaran criminales al país”. En el nuevo pacto, sin embargo, no está claro cómo ni con qué información se determinará la aceptabilidad de los deportados, especialmente los extrarregionales.
Otro aspecto crítico es la ausencia de evaluaciones periódicas, un mecanismo presente en el acuerdo de 2019 que permitía ajustar el cupo de deportaciones para evitar presiones desmedidas sobre los sistemas sanitario, educativo y de seguridad del país.
La raíz del problema
La problemática migratoria es compleja y responde a múltiples factores, pero un denominador común atraviesa toda la cuestión: las difíciles condiciones de subsistencia de amplios sectores de la población, especialmente en la agricultura de subsistencia.
El exsecretario Degenhart señaló que un agricultor puede ganar en un año de trabajo en Estados Unidos lo que le tomaría 10 años en su tierra natal. Esta disparidad económica lleva a muchas personas a asumir grandes riesgos personales, ya sea cayendo en manos de bandas criminales o invirtiendo sus escasos recursos en la aventura migratoria.
Para combatir a las organizaciones criminales que lucran con la necesidad de los migrantes, Degenhart había incluido en el acuerdo anterior mecanismos de migración legal y temporal. Estas vías no solo ofrecían una alternativa segura y económica para los migrantes, sino que también garantizaban mano de obra al sector agrícola estadounidense, debilitando a las bandas criminales al reducir su “clientela”. Además, estas medidas evitaban la desintegración familiar, un problema que mantiene a miles de personas separadas de sus seres queridos durante largos períodos.
Sin embargo, estas vías legales consensuadas de manera bilateral parecen estar ausentes en el nuevo acuerdo.
¿Una oportunidad desperdiciada?
La falta de continuidad en la implementación de políticas públicas y las mezquindades políticas impidieron que el acuerdo de 2019 se pusiera en marcha de manera completa. Este mismo problema parece ahora obstaculizar el aprovechamiento de la experiencia acumulada, especialmente considerando que la contraparte estadounidense es la nueva gestión de Donald Trump, el mismo presidente que supervisó aquellas negociaciones.
Aún hay tiempo para revertir algunas de las falencias actuales, que podrían subsanarse en la redacción de los documentos complementarios del acuerdo político. Para ello, sería deseable dejar de lado los sesgos ideológicos en favor del interés nacional y del bienestar de los guatemaltecos.
