Darío Morales García, deportado recientemente desde Estados Unidos, fue ligado a proceso penal por su presunta participación en el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998.
La jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, resolvió este lunes 5 de mayo que existen indicios suficientes para que Morales enfrente cargos por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos del sistema judicial guatemalteco. Morales fue capturado el 28 de abril, luego de ser deportado desde Alexandría, Luisiana, Estados Unidos, y enviado de inmediato a prisión preventiva debido a una orden de captura vigente desde julio de 2010.
El Ministerio Público tiene un plazo de dos meses para ampliar la investigación, y la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 10 de julio a las 9:00 horas.
El crimen que estremeció a Guatemala
Monseñor Juan José Gerardi, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, fue asesinado dos días después de presentar el informe Guatemala: Nunca Más, elaborado por el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi). El documento denunciaba más de 50 mil violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, y señalaba al Ejército como principal responsable.
El asesinato ocurrió en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, en la zona 1 capitalina, y desde entonces ha sido considerado un crimen político con trasfondo represivo.
En 2001, tres militares y un sacerdote fueron condenados por el crimen, pero múltiples señalamientos apuntaban a una red más amplia de complicidad. Morales García, ahora procesado, habría brindado falsos testimonios para desviar la investigación original y es señalado de actuar en complicidad con los autores materiales.f
Gerardi no solo fue un defensor de los derechos humanos, sino también un símbolo de resistencia moral en un país marcado por la violencia y la impunidad. Su muerte ocurrió supuestamente en “tiempos de paz”, apenas dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
La captura y proceso contra Darío Morales reviven el debate sobre el alcance de la justicia transicional en Guatemala y el compromiso institucional para esclarecer crímenes del pasado.
