El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este lunes a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su controvertida reelección han recibido “amenazas” por esa vía.
Aseveró:
“Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat”.
“¡Dile no a WhatsApp!”, continuó Maduro al invitar al retiro “voluntario, progresivo y radical” de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta junto a otras redes sociales como Facebook o Instagram.
“Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la familia policial, los líderes de calles y comunidad”.
El mandatario había denunciado la víspera que las redes sociales están siendo utilizadas para promover “división” y “odio” entre los venezolanos y señaló directamente a Instagram y TikTok.
“Acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela”.
Maduro pidió públicamente “recomendaciones” a sus funcionarios de seguridad para regular el uso de las plataformas sociales, en las que han sido difundidas imágenes y videos de las protestas contra su reelección, así como denuncias sobre los operativos de los cuerpos de seguridad que han dejado. más de 2.000 detenidos según el propio mandatario.
Además, invitó a sus seguidores a eliminar la aplicación de sus teléfonos móviles.
¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024
El Consejo Nacional Electoral no ha divulgado resultados detallados de la votación y alega que su sistema fue jaqueado.
La difusión de “mensajes de odio” en redes sociales puede llevar a penas de entre 10 y 20 años de cárcel en Venezuela, según una ley aprobada en 2017.
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