La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno solicitó a la corte suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países.
El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
“Consecuencias devastadoras”
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor se disintieron. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
“El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación”, escribieron.
Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (…) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que ingresan ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante. Por el momento le ha dado alegrías y disgustos.
Otros casos
Hace unos días el máximo tribunal frenó el fallo de una corte que impidió revocar el estatus de protección temporal (TPS) que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados del país.
Pero en este caso también es una medida temporal, mientras continúan los litigios en los tribunales.
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
La Corte Suprema intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur) y en mayo los magistrados bloquearon sus aviones porque estiman que no se les da tiempo suficiente para impugnar su expulsión.
Pero la administración no se da por vencida y ha vuelto a recurrir a la corte, esta vez para que facilite la expulsión de migrantes a Sudán del Sur oa países de donde no son originarios.
El gobierno estadounidense asegura que envió a Sudán del Sur, un país en guerra y objeto de una advertencia de viaje del Departamento de Estado, a ocho migrantes condenados por delitos violentos, ya que sus países de origen se negaron a acogerlos. Entre ellos figuran dos cubanos y un mexicano.
