Una jueza federal de Maryland ordenó por segunda ocasión poner en pausa la implementación de la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump busca restringir la ciudadanía por nacimiento en EEUU. La jueza Deborah Boardman indicó que ningún tribunal en el país respaldó la interpretación de la administración Trump de la Decimocuarta Enmienda y “este tribunal no será el primero”, agregó que la ciudadanía es uno de los derechos más importantes, el cual era otorgado expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Boardman, nominada por el expresidente Joe Biden, accedió a la orden preliminar después de una audiencia en el tribunal federal en Greenbelt, Maryland, por lo tanto, solamente una orden judicial a nivel nacional podría proporcionar un alivio a los demandantes.
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Debate sobre la iniciativa de Trump
Desde la toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que pondría fin a la obtención de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Después de leer su fallo desde el estrado, la jueza preguntó a un abogado del gobierno si apelarían su decisión, a lo que respondió que no tenía la autoridad para tomar una posición inmediata sobre esa pregunta.
La orden del mandatario había sido temporalmente suspendida a nivel nacional debido a una demanda presentada por cuatro estados en Washington, ya que consideraron que era una medida inconstitucional. En total, fueron 22 estados y organizaciones que han manifestado su desacuerdo con esta medida, indicando que en el corazón de las demandas se encuentra la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano. La Decimocuarta Enmienda se agregó después de la Guerra Civil para asegurar la ciudadanía para los esclavos liberados y los afroaestadounidenses libres.
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Cambios en la política migratoria de Estados Unidos
El gobierno republicano sostiene que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho del suelo”—. La mayoría están en las Américas, y Canadá y México están entre ellos. Además de los 22 estados con fiscales generales demócratas que buscan detener la orden, 18 fiscales generales republicanos anunciaron esta semana que buscan defender la orden del presidente uniéndose a una de las demandas federales presentadas en Nueva Hampshire.
