El costo de las inundaciones que devastaron el sureste español promete ser astronómico, si bien todavía es complicado de cuantificar por la amplitud de los daños, todo un desafío para el Estado y las aseguradoras.
Los torrentes de agua y lodo que golpearon principalmente la región de Valencia dejaron edificios pulverizados, miles de automóviles apilados en las carreteras, puentes y vías de ferrocarril por reconstruir y muchas empresas en la ruina, especialmente en el sector agrícola.
A la luz de las “imágenes” de “total desolación”, “nos vamos a enfrentar al siniestro por eventos climáticos más importante que hayamos sufrido en España”, afirma Mirenchu del Valle, presidenta de la federación de compañías aseguradoras, Unespa.
“Todavía es pronto para lanzar estimaciones”, pero “sabemos que en términos económicos seguramente va a tener un coste elevadísimo”, indicó a la televisión pública TVE Celedonio Villamayor, director del organismo a cargo de pagar las indemnizaciones en caso de desastre natural, el CCS.
Las inundaciones de julio de 2021 que afectaron a Alemania, Bélgica, Francia, Austria y Países Bajos, con un saldo de más de 200 muertos, tuvieron un coste de 43.000 millones de dólares, según la compañía reaseguradora Swiss Re.
“Consecuencias incalculables”
Cualquiera sea el costo final, las inundaciones, que han dejado al menos 219 fallecidos, pesarán sobre las finanzas del Estado, aunque el país ya anunció que recurrirá al Fondo de Solidaridad europeo, que puede movilizarse en caso de catástrofes naturales en la UE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes un plan por 10.600 millones de euros (11.550 millones de dólares), que incluye ayudas directas y desgravaciones fiscales para empresas y particulares afectados.
El Gobierno de Valencia, la región más afectada, habló de su lado de una ayuda de emergencia de 250 millones de euros (270 millones de dólares).
Junto al Estado central, financiará los costes de las operaciones de limpieza y de las obras para la reconstrucción.
Al final de una reunión el lunes, el Gobierno y las autoridades locales estimaron las “inversiones necesarias” para restaurar la red de transporte en 2.600 millones de euros (2.830 millones de dólares), una evaluación “provisional”, aclaró.
Pero la mayor parte de la factura recaerá en el sector de las aseguradoras, que tendrán que compensar a empresas y particulares.
Según la Cámara de Comercio de Valencia, 4.500 comercios podrían haberse visto afectados. También decenas de centros comerciales y zonas industriales, mientras que los transportistas de la región perdieron numerosos camiones.
Para el campo, los daños también son enormes, especialmente en el sector de los cítricos, de los cuales la región de Valencia es uno de los principales exportadores. Según el gremio agrícola regional La Unión, 50.000 hectáreas de cultivos se habrían visto afectadas.
Las pérdidas son “catastróficas” y sus “consecuencias incalculables”, subrayó el sindicato Asaja.
En el conjunto de sectores, el impacto podría superar los “10.000 millones de euros”, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata.
400 peritos sobre el terreno
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que “400 peritos” evaluaban los daños sobre el terreno. También informó que se recibieron 72.000 solicitudes de indemnizaciones, un nivel sin precedentes.
Las aseguradoras en España cuentan, en caso de catástrofe natural, con un fondo de garantía común, financiado con una parte de las pólizas de seguro convencionales.
Este fondo es administrado por la CCS, adscrita al Ministerio de Economía, el ente que cubrirá la mayor parte de la indemnización.
¿Podrá la CCS costear todos los daños? ¿Tendrá que aumentar el importe de las pólizas de seguro?
“Tiene reservas” suficientes para hacerlo, según la fuente del sector asegurador.
Un mensaje similar al de la presidenta de Unespa: el sistema está “perfectamente armado para atender este tipo de situaciones”.
