El gobierno de El Salvador aceptó estudiar una petición para liberar a 150 detenidos “arbitrariamente” en la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, informaron este sábado organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Les informamos que el escrito presentado ha sido admitido y, en este momento, la solicitud se encuentra en trámite”.
La organización destacó que por medio de este trámite se comprueba la “inocencia” de 150 “víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen”.
Correspondencia de Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Lic. Andres Guzmán, confirmando haber recibido, arraigos de 150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que comprueban su inocencia @CIDH @CICR_DRMX @ONU_derechos pic.twitter.com/jhTN5AS1w5
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) January 4, 2025
El 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele comenzó una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual han sido detenidos unos 83.000 presuntos pandilleros.
Según las oenegés Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR, hay unos 30.000 inocentes entre esas 83.000 personas detenidas sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.
“Tan pronto como se registren avances significativos, se les notificará”, agregó Guzmán en la misiva.
#MOVIR Luchadoras de verdad cuando se tiene como comprobar inocencia.
Ejemplo para quienes aún no toman en serio el sufrimiento de sus seres queridos en las cárceles del #RegimenBukelista#El12Marchamos por la libertad y La Paz de las víctimas del régimen pic.twitter.com/ZnbNsGNEXC— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) January 4, 2025
Bukele reconoció hace semanas que 8.000 inocentes fueron detenidos, y luego liberados.
El Salvador era considerado hasta 2022 el país sin conflicto bélico más violento del mundo y desde entonces redujo a mínimos históricos los homicidios (2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023). Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado “detenciones indiscriminadas” y más de 300 muertes bajo custodia estatal.
