Estados Unidos anunció restricciones de visa a “más de 250 funcionarios” de la “dictadura” de Nicaragua, cuando se cumplen siete años de unas masivas protestas antigubernamentales que se saldaron con más de 300 muertos.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
“Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía”, afirmó el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
“Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua”, añade.
As I stated during my first visit to our region, the Nicaraguan regime is an enemy of humanity. The Trump Administration will not tolerate threats to U.S. security from a regime that weaponizes immigration and positions Nicaragua as a hub for illegal immigrants trying to cross…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 18, 2025
El secretario de Estado anunció “restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense”, con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A principios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves “crímenes” de derechos humanos y “represión sistemática”.
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Las sanciones son un “fuerte espaldarazo a la Nicaragua sufrida y perseguida. Son sanciones precisas, directas, quirúrgicas a los principales protagonistas de la represión del régimen”, declaró a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA actualmente exiliado en Estados Unidos.
Además, el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocios con la migración.
“La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera”, advirtió Rubio en la red social X, donde volvió a tratar al gobierno de “enemigo de la humanidad”.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas y operadores turísticos sobre las formas en que las redes de tráfico explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se encuentran también bajo sanciones de Estados Unidos.
