El procurador general de la nación, Julio Saavedra, advirtió este miércoles que, de no cumplirse la resolución judicial que ordena al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) justificar la suspensión de clases, se solicitará al juez de Trabajo que haga cumplir la orden por todos los medios legales, incluyendo el uso de la fuerza pública y el traslado del caso al Ministerio Público.
Durante una entrevista con medios nacionales, Saavedra fue contundente al afirmar que “en un Estado de Derecho no se puede permitir el desacato de resoluciones judiciales”, al referirse al reciente amparo otorgado por un tribunal que ordena al STEG justificar, en un plazo de 48 horas, la interrupción de actividades en el sistema público educativo, calificada como “ilegal” en la denuncia presentada.
Sentencia firme: Juzgado declara con lugar el amparo presentado por la @PGNGuatemala y ordenó al STEG levantar la “asamblea permanente” y restablecer por completo las clases en un plazo máximo de 48 horas.
🔎 Mineduc coordinará con las Direcciones Departamentales para verificar… pic.twitter.com/x6OsrH9Pge
— Mineduc Guatemala (@MineducGT) June 24, 2025
“Si no lo hacen, el juez tiene la potestad de fijar todas las medidas que considere pertinentes para hacer que se cumpla su resolución. Si no, estamos hablando de la burla de las resoluciones judiciales, y eso no lo vamos a permitir”, declaró el procurador.
Posibles consecuencias penales
De no presentar el informe requerido, el juez podrá remitir el caso al Ministerio Público para que investigue posibles delitos como desobediencia. Saavedra explicó que el tribunal ya advirtió esta posibilidad en su resolución y recordó que el incumplimiento de un fallo judicial constituye un delito grave en el marco legal guatemalteco.
“El juez puede pedir el auxilio de la fuerza pública, puede ordenar que se levanten actas, que se conduzca a personas, todas medidas para hacer valer sus resoluciones”, detalló.
Reanudación de clases y contexto actual
Actualmente, el ciclo escolar se encuentra en una pausa debido al receso de medio año. Sin embargo, se prevé que las clases se reanuden el próximo martes 1 de julio, tras el asueto del lunes 30 por el Día del Ejército. La Procuraduría General de la Nación (PGN) considera que este es el momento clave para retomar la normalidad en el sector educativo y que cualquier nuevo intento de suspensión sin justificación legal será considerado una violación directa a la sentencia vigente.
El STEG no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre si acatará o no la disposición judicial. No obstante, las autoridades han reiterado que agotarán las vías legales para garantizar que se cumpla la ley.
El mensaje del Estado
“El mensaje es claro: no estamos en un régimen autoritario donde se impone la fuerza, pero tampoco en uno donde se burle la ley”, concluyó Saavedra, insistiendo en que la institucionalidad debe prevalecer.
Este conflicto se suma a la tensión creciente entre el Estado y el sindicato docente, en medio de reclamos laborales, llamados a paro y presiones políticas que han afectado el desarrollo del ciclo escolar. Las próximas horas serán decisivas para conocer si el STEG cumple con el requerimiento judicial o si el caso pasa al ámbito penal.
