El exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Romeo Ramos Cruz de 56 años de edad, alias “Alfa”, aceptó este miércoles 18 de junio ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante una audiencia celebrada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Ramos Cruz manifestó su decisión voluntaria de allanarse al proceso de extradición, por lo que el juez determinó autorizar su envío hacia territorio estadounidense.
Delitos de narcotráfico
Según el expediente judicial, el exjefe edil es acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que dicha droga sería importada ilegalmente a EE. UU. Las investigaciones apuntan a que Ramos Cruz habría participado en actividades de tráfico internacional de estupefacientes entre 2019 y 2021.
El jefe edil fue capturado en mayo pasado en Escuintla, como parte de un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Desde entonces, permanecía bajo custodia a la espera de que se resolviera su situación legal.
El ahora exalcalde ocupó la jefatura edil en Santa Lucía Cotzumalguapa durante el período 2020-2024, postulado por el extinto partido político, Productividad y Trabajo. Su gestión fue objeto de señalamientos por supuestos vínculos con estructuras del crimen organizado, aunque no fue hasta su captura que se formalizaron los cargos en su contra.
Con esta decisión, las autoridades guatemaltecas deberán coordinar con el Departamento de Justicia de EE. UU. los procedimientos para el traslado de Ramos Cruz, quien enfrentará juicio por delitos federales. La embajada estadounidense ha reiterado su compromiso con la cooperación bilateral en materia de justicia y lucha contra el narcotráfico.
La extradición del exfuncionario se suma a una serie de procesos similares que involucran a exautoridades guatemaltecas señaladas por delitos transnacionales, lo que ha renovado los llamados de sectores ciudadanos y organismos internacionales a fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en los gobiernos locales.
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