El Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por mujeres, dictó este viernes una sentencia histórica al condenar a tres exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a 40 años de prisión por delitos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno contra mujeres indígenas del pueblo Achí en el departamento de Baja Verapaz.
Los sentenciados identificados como: Leonardo Juc Cú, Francisco Cú Cab y Pedro Chalí Caal, fueron hallados culpables de delitos contra los deberes de la humanidad, específicamente por las violaciones sexuales sistemáticas cometidas entre 1981 y 1985, en el contexto de una política de represión estatal. El Tribunal de Mayor Riesgo “A” determinó que los crímenes formaron parte de una estrategia contrainsurgente que utilizó la violencia sexual como arma de terror y control sobre la población indígena.
Víctimas declararon en el juicio
Las víctimas, mujeres achí que en su mayoría eran adolescentes en el momento de los hechos y ahora son en su mayoría adulta mayores, ofrecieron valientes testimonios durante el proceso judicial. Relataron cómo fueron detenidas ilegalmente, trasladadas al destacamento militar de Rabinal y sometidas a violaciones múltiples por parte de patrulleros y soldados. El tribunal calificó estas agresiones como crímenes de lesa humanidad y subrayó la responsabilidad del Estado al haber organizado y armado a los integrantes de las PAC.
Justicia llega décadas después
Esta condena representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado guatemalteco, que dejó más de 200,000 muertos y desaparecidos, en su mayoría indígenas.
El caso fue impulsado por organizaciones como Mujeres Transformando el Mundo (MTM), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y la Asociación Bufete Jurídico Popular.
El proceso judicial se desarrolló entre septiembre de 2023 y mayo de 2025, en medio de un contexto de amenazas y estigmatización hacia las denunciantes. No obstante, las víctimas y sus representantes legales celebraron la sentencia como un paso hacia la verdad, la memoria y la no repetición.
Histórica condena
Esta es la segunda vez que un tribunal guatemalteco condena a exPAC por delitos sexuales en el marco del conflicto armado, marcando un precedente en la región sobre el reconocimiento y judicialización de la violencia sexual como crimen de guerra.
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