El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró alarmado este martes por el elevado número de extranjeros expulsados de Estados Unidos, en particular cientos de venezolanos y otros migrantes enviados a una cárcel de El Salvador.
“Esta situación plantea serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos, que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional”, indicó Volker Türk en un comunicado.
“Las familias con las que hemos hablado expresaron un sentimiento de impotencia frente a lo que pasó y su dolor de ver a sus seres queridos etiquetados y tratados como delincuentes violentos, o incluso terroristas, sin que ningún tribunal se haya pronunciado sobre la validez de lo que se les acusa”, afirmó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó en marzo una ley de 1798 para enviar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El republicano recurrió a esta ley del siglo XVIII, que solo se usó hasta ahora durante la Guerra de 1812 y las dos guerra mundiales, después de declarar en febrero organizaciones “terroristas globales” a seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla MS-13.
El Salvador aceptó encarcelar a estas personas en la Cecot, una megaprisión de alta seguridad creada por el presidente Nayib Bukele para los pandilleros, a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
“Contactamos a las autoridades salvadoreñas y pedimos que nos den acceso al Cecot para poder determinar las condiciones en las que están detenidas estas personas. Esto es extremadamente importante”, dijo Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, en una rueda de prensa en Ginebra.
De acuerdo a Türk, “la forma en que algunas personas fueron detenidas y deportadas -incluso utilizando cadenas-, así como la retórica humillante utilizada contra los migrantes, son también profundamente preocupantes”.
Unas 142.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos entre el 20 de enero y el 29 de abril, indicó la oficina de Derechos Humanos de la ONU, citando cifras estadounidenses oficiales.
Sin embargo, el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen inciertos, añadió.
Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses o salvadoreñas no han publicado ninguna lista oficial de los detenidos, denunció Türk.
“Dadas las circunstancias y el riesgo de violaciones de los derechos humanos, puede haber preocupación sobre desapariciones forzadas”, subrayó Throssell.
Un juez federal de Texas consideró a inicios de mayo “ilegal” el uso que Donald Trump hace de la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes.
La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales.
