El Tribunal de Mayor Riesgo B reanudó este martes 22 de abril la reproducción de la declaración anticipada de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en el marco del juicio por el caso denominado TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal). Esta repetición se debe al reinicio del proceso judicial tras el cambio de jueces en el tribunal.
En su testimonio, Monzón detalló su papel en la negociación del usufructo de 25 años otorgado a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para operar en Puerto Quetzal. Afirmó que retomó una negociación iniciada durante el gobierno de Álvaro Colom y que fue designado por Baldetti para liderar las conversaciones. Monzón indicó que la concesión se concretó tras el pago de una comisión de US$30 millones, acordada con representantes de TCQ.
El exfuncionario relató que una reunión clave tuvo lugar en Cancún, México, durante una Semana Santa, donde se cerró el acuerdo de usufructo. Además mencionó que los ejecutivos de TCQ solicitaron asistencia para superar obstáculos administrativos y legales, como permisos ambientales y oposiciones sindicales, para facilitar la entrega del usufructo. Monzón también señaló que tanto Baldetti como el entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina, estaban al tanto y autorizaban las gestiones relacionadas al proyecto.
Este testimonio forma parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) en el juicio que investiga presuntos actos de corrupción en la adjudicación del usufructo a la referida empresa que ha dado el nombre a la carpeta judicial. El caso involucra a varios exfuncionarios y empresarios, y continúa siendo un proceso emblemático en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Antecedentes del caso TCQ
El caso TCQ es uno de los escándalos de corrupción más relevantes en Guatemala, revelado en 2016 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La investigación expuso una red criminal que operó entre 2012 y 2015, en la cual altos funcionarios y empresarios se unieron para otorgar de forma irregular un contrato de usufructo por 25 años a la referida empresa, una filial española de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) a cambio de sobornos millonarios.
Entre los principales implicados se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces compañera de fórmula, Roxana Baldetti, quienes fueron ligados a proceso por delitos como: Cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. El destape de este caso obligó a ambos, luego de masivas protestas a que dimitieran de sus cargos.
Condenas en el caso
El empresario español Juan José Suárez Meseguer, exrepresentante de TCQ, fue condenado a ocho años de prisión conmutables tras aceptar su responsabilidad por cohecho activo y asociación ilícita. Otro condenado es José Daniel Luna Argueta, exsecretario del Juzgado de Escuintla, quien recibió cinco años de prisión por cohecho pasivo al aceptar Q50 mil para emitir una resolución favorable a TCQ.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal, fue procesado por asociación ilícita y tráfico de influencias, al utilizar su posición para beneficiar a TCQ en un litigio contra la municipalidad del Puerto de San José en Escuintla.
En total, al menos 12 personas fueron ligadas a proceso por su participación en esta estructura criminal, que habría recibido sobornos por más de US$24.5 millones. El caso evidenció la penetración de la corrupción en las más altas esferas del gobierno guatemalteco provocando una crisis política que a la fecha no es recordada por una gran parte de la población.
