El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del artículo 12 del Decreto 31-2024, recientemente aprobado por el Congreso de la República.
Dicha reforma modifica el Código de Comercio y permite que, a través del Registro Mercantil, se revele información relacionada con los accionistas de sociedades anónimas, así como el uso del Número de Identificación Tributaria (NIT) para trámites no fiscales. Según el sector empresarial, esto vulnera el derecho a la confidencialidad y pone en riesgo la seguridad jurídica de los inversionistas.
El respeto a la Constitución es esencial para proteger los derechos de todos los ciudadanos guatemaltecos.
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— CACIF (@CACIFGuatemala) April 9, 2025
El decreto fue impulsado por el Organismo Ejecutivo y aprobado con el argumento de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, aumentar la transparencia empresarial y facilitar el acceso a información para autoridades competentes y otros entes fiscalizadores.
Organizaciones de sociedad civil, por su parte, han respaldado la reforma al considerar que Guatemala necesita avanzar hacia estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Además, señalan que el anonimato de los accionistas ha sido históricamente un obstáculo para combatir la corrupción y otros delitos financieros.
Ahora, la Corte de Constitucionalidad deberá analizar si el artículo en cuestión es compatible con la Constitución. Mientras tanto, queda en suspenso la aplicación del decreto, a la espera del fallo definitivo del alto tribunal.
¿Qué es el decreto 31-2024?
El Decreto 31-2024, conocido como la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, es una normativa aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 19 de noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre del mismo año. Esta ley entró en vigor el pasado sábado 5 de abril.
El propósito de esta ley es crear y regular regímenes especiales de tributación simplificada para personas individuales y jurídicas que desarrollan actividades en el sector primario y agropecuario. Busca integrar a pequeños productores y comercializadores en a economía formal, facilitando su tributación y promoviendo su desarrollo económico.
